Hechos Ecuador

información ética

Continúa masacre sin par contra dirigentes comunales y sociales

x12803208_1582937295363207_614393866795044530_n.png.pagespeed.ic.vHLwnCm7bF

Preocupados por la arremetida de grupos ocultos que avanzan contra los líderes sociales en diversos municipios, especialmente en el Cauca, por lo que han sido asesinados y desaparecidos varios líderes sociales de acción comunal en lo que va del año. 27 líderes valiosos dedicados a realizar frentes de acción comunitaria humanista de paz y de derechos humanos, publicamos la nota de prensa de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Acción Comunal.

Continúa masacre sin par contra dirigentes comunales y sociales
Bogotá, 3 de mayo de 2018

Con María del Carmen Moreno, encontrada muerta el 2 de mayo pasado en Arauquita, presidenta de Junta de Acción Comunal, son 27 los asesinatos contra dignatarios de juntas sucedidos en lo que va del presente año 2018. Durante los últimos cinco años es la etapa más intensa de afectaciones contra nuestras organizaciones y dirigentes acomunales amén de la afectación contra otras organizaciones sociales que sumados al más reciente de ayer 2 de mayo en Puerto Valdivia de Hugo Albeiro George Pérez en total, son más de cuarenta y cinco afectaciones.
No obstante que regularmente nos venimos reuniendo con el Gobierno y con diferentes entidades del Estado no han existido avances de fondo, salvo la oferta de esquemas de seguridad, por demás muy dispersos e incompletos, los que de todas manera son bienvenidos siempre que sean oportunos y pertinentes; con la Policía en cuanto tiene un cuerpo élite y protocolos para respuestas rápidas, y con la Fiscalía en cuanto integro comisión especializada para estos casos en la perspectiva de avanzar en resolver la impunidad.
Sin embargo, para el caso de las juntas de acción comunal que en Colombia son hoy sesenta y tres mil con más de siete millones de afiliados, el problema es que en el mayor porcentaje de casos a nuestros dirigentes no los amenazan por lo que reiteradamente hemos exigido del Gobierno políticas públicas integrales para el ejercicio de nuestros derechos en los territorios sobre las cuales solamente ha existido mutismo e indiferencie.
Ente las acciones estructurales que reiteradamente seguirnos reclamando sin respuesta alguna están:

  1. Programa y recursos de apoyo a las familias de las víctimas para que reorganicen sus vidas y su supervivencia después de la tragedia. Ha sido imposible este programa. Si mucho dinero para la corrupción en programas del llamado posconflicto,
  2. Apoyo a las familias de las víctimas para que judicialicen y hagan seguimiento legal a sus casos. Insólito el mutismo del Gobierno.
  3. Campaña contra la estigmatización de que son objeto nuestros dirigentes en especial por parte de la clase política en el nivel nacional y territorial. Por ejemplo, el 20 de octubre en el programa con Juan Lozano de Red Mas, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes dijo que las juntas de acción comunal eran redes de las disidencias de las FARC. Ni un pronunciamiento del Gobierno sobre el caso. Presentamos denuncia formal ante la Procuraduría y a hoy seis meses no se ha pronunciado. Insólito que debamos acudir ante la Tutela ante este organismo supuesto protector de los D.H.
  4. Política pública para apoyar el fortalecimiento de nuestras organizaciones comunales en el ejercicio de sus derechos de manera colectiva, pues en parte un problema es que dirigentes estoicos reivindican aislados los derechos de la comunidad. Ni un pronunciamiento no obstante que el Título Ocho del Plan Nacional de Desarrollo establece la urgencia de esta política pública.
  5. Acciones del Estado y de la Procuraduría para que los Municipios cumplan con lo mandado por la Ley 1551/012 en cuanto cada entidad territorial debe tener un plan de derechos humanos concertado con las respectivas organizaciones. Ni el Gobierno ni la Procuraduría actúan sobre los municipios para que cumplan con la Ley.
  6. Que los alcaldes se reúnan con las juntas comunales por lo menos una vez cada mes para evaluar los casos de ejercicio de derechos y de su situación, Art. 35 Ley 743/02. Ni el Gobierno ni la Procuraduría hacen algo en este sentido.
  7. Que exista una línea de crédito fácil financiada por el Estado para apoyar iniciativas de economía popular en barrios y veredas para que sus pobladores no caigan en el gota-gota ni en las bandas delincuenciales que les financian a muchas personas estas iniciativas ante la falta de recursos de la Banca. Mutismo total. Esta propuesta por cuanto quienes, en su lucha por la salud de las comunidades se enfrentan a estas bandas delincuenciales son nuestros dignatarios comunales lo que ha generado graves problemas de afectación en sus vidas.
Es decir, desde la Confederación Nacional Comunal y en general desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos tenemos bien identificadas las rutas a seguir para resolver estructuralmente esta creciente masacre contra nuestras organizaciones y dirigentes, pero existe un Estado indolente, que regularmente se ocupa de casos emblemáticos ocultando el problema integral. Nuestro temor es que, de no actuarse sobre estas causas fundamentales, antes de resolverse, la tendencia es a que se agraven estas afectaciones contra comunales y dirigentes sociales que sin arma diferente a nuestros derechos luchamos en los territorios.
Adjunto los casos más graves de afectaciones contra dignatarios comunales durante el presente año.
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL COMUNAL
Calle 19- 7-48 Of. 502. Ed. COVINOC
Guillermo A. Cardona Moreno, Cel. 315 3387554
Héctor Rodríguez Gómez, Cel. 317 2331869