Migrantes en Argentina exigen derogación de decreto que los criminaliza

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Por Jeremías Pérez Rabasa
Nuevamente las organizaciones que se nuclean en la campaña “Migrar no es un delito” se convocaron en el obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires y marcharon hacia el Congreso Nacional. En esta ocasión, la convocatoria era para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, luego del fallo de la Sala 5 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal del día 23 de Marzo del presente año que declaró inconstitucional el DNU.
El Gobierno Nacional cuenta con plazo hasta el 11 de Abril para apelar el fallo, por ese motivo la presencia en las calles de las organizaciones exigiendo la derogación DNU resultaba de vital importancia para seguir con la pulseada contra la criminalización de la migración que propuso la Alianza Cambiemos desde que asumió la conducción del país.
Este segundo “Migrantazo”, como lo llamaron las propias organizaciones contó con mayor convocatoria que el primero, y mostró una solides en torno a la temática por parte de organismos de diversos orígenes, partidos políticos, ONG´s y organizaciones de migrantes que nuevamente exigieron un trato justo, y acusaron al Gobierno Nacional de general Xenofobia a través, no solo del DNU, sino también de los discursos públicos de varios funcionarios.
Ahora no solo queda esperar al Miércoles 11 de abril para saber si el gobierno apelará el fallo, sino que lo que se proponen las organizaciones nucleadas en la Campaña Migrar no es Delito es que figure en el boletín oficial la derogación del mismo, tal cual lo planteó Doris Quispe, del Bloque de Migrantes, durante el acto de cierre.
Llama la atención como este tema fue tratado por los medios, que atribuyeron el revés judicial por el DNU a una disputa interna de ciertos sectores del Poder Judicial con el Ejecutivo, desconociendo el trabajo constante que vienen realizando tanto organismos de derechos humanos, como el CELS, ONG´s dedicadas a la temática de migración como CAREF, o las propias organizaciones de migrantes que participaron activamente tanto en el orden judicial pidiendo la anulación del Decreto, como en las calles, donde formaron en menos de un año una multisectorial que logró dos movilizaciones, y varias actividades en las que pusieron el tema en debate incluso al interior del Congreso Nacional.