El Caso Balda


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Pamela Aguirre

Fernando Balda, ¿exasambleísta?


Fernando Balda gusta de presentarse como ex-asambleísta. Lo que los medios obvian mencionar es que él jamás fue electo para tal cargo y al insistir en dicha aseveración puede estar incurriendo en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas (Art. 287, COIP).

En 2009, tras la muerte del asambleísta por Sociedad Patriótica, Julio Logroño, su alterna Gioconda Saltos lo reemplazó en funciones. A su vez, en un desesperado intento por gozar de inmunidad parlamentaria dado los juicios penales que corrían en su contra, Fernando Balda intentó ocupar el puesto como alterno de Saltos, alegando que él había sido el siguiente candidato a legislador nacional con más votos. No obstante, el CNE se negó a entregarle las credenciales, pues estas solo corresponden a los asambleístas –principales y alternos- electos directamente por el pueblo ecuatoriano. Debido a los vacíos en la normativa vigente en aquel momento, la decisión sobre la vacante en cuanto al suplente de Saltos quedaba en manos de la Asamblea Nacional, institución en la que tampoco hay registro de que Balda haya asumido funciones legislativas.

Lo cierto es que incluso al interno de su propio partido existieron conflictos sobre los intentos de Balda de llegar a principalizarse como asambleísta. Para varios de sus copartidarios esto no era una prioridad, pues él podía seguir el curso normal de sus acusaciones como cualquier ciudadano. Sin embargo, Balda se aferró a esta posibilidad hasta volverse prófugo de la justicia. Aunque pretenda presentarse como un perseguido político, está claro que se trata de un ciudadano que ha tenido 22 procesos judiciales en su contra y que, en su momento, pretendió usar la inmunidad parlamentaria para tapar las ilegalidades de las que se le acusaba (delitos de injurias y de atentar contra la seguridad del Estado, entre otros).

Dada la centralidad que ha adquirido Fernando Balda debido al espurio proceso penal contra Rafael Correa –ejemplo claro de la judicialización de la política en la región-, lo mínimo que se puede esperar es que los medios de comunicación confirmen los datos que eligen mostrar sobre una figura tan obscura de la política latinoamericana como lo es Fernando Balda. Es un requisito básico de todo manual de ética periodística el que se verifique la información presentada. La Ley de Comunicación lo establece: es nuestro derecho recibir información de relevancia pública que sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada (Art. 22, LOC). Sin embargo, está claro que para la argolla en el poder es preferible reproducir imprecisiones y falsedades con tal de manipular la opinión pública a su favor.

Este delito puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 2 a 3 años.
El 12 de julio de 2018, mediante el Oficio No. 146-HPA-PA-EC-18, se solicitó a la Asamblea Nacional que certifique si Fernando Balda fue principalizado como asambleísta en el periodo 2006-2013. A la fecha, no ha existido respuesta.
Ver:
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/fernando_balda_no_fue_titularizado_como_asambleista--111886; https://www.eluniverso.com/2009/09/02/1/1355/sp-ve-como-prioridad-principalizar-fernando-balda.html
Desde septiembre de 2009 se radicó en Bogotá para sortear las juicios que pendían en su contra en Ecuador, pero en 2012 fue deportado por las autoridades colombianas debido a su situación migratoria irregular.
Ver: http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf